Vivimos en una nueva era corporativa: una época en la que se espera que las empresas hagan lo correcto para todos los agentes económicos y sociales. En consecuencia, la agenda medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) ha cobrado un nuevo protagonismo en los consejos de administración.
Lógicamente las organizaciones tendrán distintas prioridades a la hora de abordar la agenda. Los grandes distribuidores de alimentos, con su dependencia de los envases de plástico que acaban en nuestros mares, podrían estar especialmente preocupados por el componente medioambiental, mientras que los fabricantes con mano de obra de países en desarrollo podrían concentrarse más en el componente social, y así sucesivamente.
Con independencia de las diferencias, la neutralidad del carbono es el compromiso subyacente común que muchas empresas y gobiernos están adoptando ahora. Actualmente estas organizaciones reconocen que tienen responsabilidades no solo frente a los accionistas y las cuentas de resultados.
¿Por qué se ha extendido esta nueva ética con tanta rapidez? Parte del motivo reside en que las buenas prácticas ESG son un buen negocio. Las operaciones de eficiencia energética suelen ser positivas desde el punto de vista de la liquidez, lo que significa que el ahorro anual de una empresa puede superar la tarifa de servicio a la que hay que hacer frente al adoptar soluciones más eficientes. Además, los clientes del mundo desarrollado tienen cada vez más en cuenta el tamaño de la huella de carbono de una empresa como factor de decisión de compra.
Recaudación de fondos a la manera de ESG
En este nuevo entorno, incluso la recaudación de capital ha adquirido un color claramente verde.
Es el caso del aumento de los bonos verdes, ofrecidos por los fondos de inversión verdes y otros organismos de inversión. El Banco Mundial emitió los primeros bonos de este tipo en 2009 y han ganado popularidad en los últimos cinco años. Los bonos verdes, de los que se emitieron 157.000 millones de dólares en 2019, recaudan dinero destinado a proyectos ecológicos, ya sea en energías renovables, prevención de la contaminación, conservación de la biodiversidad o transporte, entre otros. Lo que los hace atractivos para los emisores son los incentivos fiscales que conllevan.